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Economía - 2 semanas ago

El auditor de Bankia se quejó de «carencia de información casi absoluta»

Advirtió al banco de que era «difícil de justificar» el retraso en darle datos de las cuentas de 2011 que pedía con insistencia, sobre todo en tasaciones

Francisco Celma, socio auditor de Deloitte encargado de revisar las cuentas de Bankia hasta su intervención en mayo de 2012, e imputado a última hora para responder -junto a su empresa- por la presunta falsedad de los balances del banco en 2010 y 2011, pretende aprovechar la vista oral que comenzó el 26 de noviembre pasado para ser declarado inocente. El principal argumento de su defensa es que, pese a sus advertencias reiteradas al banco para que le remitieran numerosa información contable de 2011, no logró disponer de ella y por eso no pudo realizar la auditoría anual.

Esas quejas figuran en una serie de correos cursados entre diciembre de ese año y febrero del siguiente entre Celma y el entonces presidente del comité de auditoría de Bankia, Alberto Ibáñez -también acusado en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, a la que el auditor sí dio el visto bueno-, y otros directivos. Una parte ya estaban aportados a la causa, y ahora se ha entregado el resto al considerar sus abogados que serán «objeto de particular debate».

Y es que el auditor llegó a estallar el 9 de febrero de 2012, al afirmar que el «retraso en la recepción de la documentación» requerida -las primeras peticiones datan de septiembre de 2011, aunque desde diciembre fueron regulares, actualizándose cada tres días- «hace muy difícil avanzar en la realización del trabajo de auditoría». Esto lo decía siendo consciente de que en marzo los consejos de administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), pretendían aprobar las cuentas del ejercicio, pero a él no le daría tiempo a revisarlas.

«Es difícil de justificar», se quejaba en tono amargo porque ya dos meses antes, el 19 de diciembre, había avisado a los responsables del banco de que «el ritmo de recepción de la mayor parte de la información está siendo muy lento». E insistía en que eran aún muchas las cosas «pendientes de recepción dadas las fechas en que nos encontramos».

Una acusación sigue y otra no entra

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presente en las cajas que conformaron Bankia, podrá seguir ejerciendo la acción popular en el juicio. Finalmente el bufete Rosales ha aportado los 26.400 euros que precisaba para los gastos que conlleva su presencia y, a cambio, actuará también como acusación. Con ello se mantiene la citación como testigos del exministro Luis de Guindos y de la directora del FMI, Christine Lagarde, entre otros. Por contra, la Audiencia Nacional ha rechazado admitir a última hora la acusación popular de la llamada Asociación de Clientes Financieros (ACF) por «incongruente».

Pero, ¿qué pedía Celma a Bankia? Pues en una docena de páginas que iba poniendo al día cada poco tiempo les demandaba, por ejemplo, las valoraciones de las sociedades participadas por sus filiales, de cara a su «posible impacto en los dividendos a cuenta» repartidos por la entidad. En esos requerimientos daba a entender que podían haberse sobrevalorado, al menos en NH y Mecalux.

También le requería información sobre «el colectivo de consejeros», desde el detalle de sus planes de retribución -«incluyendo todos los conceptos retributivos que existan» para ellos, apostillaba- hasta sus diferencias de sistema con el resto de la plantilla y otras sociedades del grupo Bankia-BFA. Asimismo, solicitaba «disponer del detalle de riesgos que señale el Banco de España que deben dotarse» de cara al cierre de 2011, a fin de «verificar» -«como seguro se hará», suponía- que «se cumplen todas sus indicaciones».

Pero dichos datos, insistió en repetidas ocasiones, «no se nos han facilitado». Pasó «en especial» en el área inmobiliaria, donde el auditor reiteró su «preocupación» tras denunciar (ese 9 de febrero de 2012) que «la carencia de información es casi absoluta». Aún así, solo pedía «agilizar» su «obtención» y que «se nos diga cuándo vamos a recibirla».

«No es un tema de un día»

El gran problema venía de las tasaciones, pues según Celma el volumen de informes recibidos a poco más de un mes para que el consejo de Bankia-BFA formulara sus cuentas anuales de 2011 -que ocultarían un agujero de 4.570 millones de euros, según los peritos judiciales- era aún «muy bajo», al tiempo que hacía hincapié en que era «necesario» recibirlas «con la antelación suficiente para trabajar de forma ordenada». De ello se quejó el 21 de febrero de 2012 cuando, tras constatar que la entidad sí las había «ido recibiendo» de sus filiales -«estamos hablando de unas dos mil, no es un tema de un día», reprochaba al comité de auditoría no habérselas facilitado-, les prevenía: «Es una limitación en el alcance» de su revisión.

En algunos casos casi se podría hablar de descontrol. Así, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado tres informes sobre Bancaja Habitat y Cisa, dos filiales del 'ladrillo' de la antigua caja que se integró en Bankia. En ellos se concluye «una contabilidad deficiente, sobre todo en tasaciones y criterios contables», al no cumplirse la normativa. En otros casos se aprecia «falta de rigor en las adjudicaciones, subastas, administración y comercialización».

El propio auditor comprobó al pedir tasaciones de inmuebles y suelos financiados o propiedad de dicha caja que ni Bancaja Habitat ni la Intervención General de Bankia disponían de ellas, mientras se pasaban la responsabilidad unos a otros.

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