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Economía - 1 semana ago

Santander plantea un ERE de 3.700 empleados y el cierre de 1.150 oficinas

La entidad prevé alcanzar un acuerdo antes de agosto, según ha informado a los sindicatos

Banco Santander ha comunicado a los sindicatos sus intenciones de cara al expediente de regulación de empleo que prevé aplicar en su red comercial. La entidad prevé que se sometan al ERE hasta 3.700 trabajadores de su plantilla, lo que representa más de un 11% de los 32.366 empleados con los que cuenta el banco en España.

Además, dentro de este proceso de reestructuración el banco presidido por Ana Botín prevé cerrar 1.150 oficinas para así completar la integración del Banco Popular adquirido en junio del año 2017. Si finalmente se materializa esta cifra, supondrá que el grupo clausurará una de cada cuatro sucursales que ahora mantiene activas por todo el país.

La reunión entre la dirección del banco y los sindicatos es la segunda que tiene lugar después de una primera toma de contacto la semana pasada. En ella, la entidad ha planteado unos objetivos «de máximos», según constantan fuentes sindicales, quienes confían en que la corporación vaya cediendo en las próximas reuniones sobre el conjunto de trabajadores afectados. Por ahora, la cifra planteada supondría la mayor reestructuración laboral del Santander y de toda la banca ejecutada de una sola vez.

Las salidas afectarán fundamentalmente a profesionales que trabajan en la red de oficinas del grupo, tanto las del Santander como las que sumó en 2017 tras la adquisición del Banco Popular. Solo «una parte residual», apuntan fuentes cercanas al proceso, supondrá la salida de personal de los servicios de Santander España.

Desde que se planteó el ERE, el objetivo del banco ha sido el de desarrollar un proceso de salidas voluntarias, sin necesidad de realizar despidos forzosos, tal y como ocurrió en el proceso similar llevado a cabo el año pasado. «Espero que la negociación vaya bien, iremos a la mesa con el mejor de los ánimos y con la intención de alcanzar acuerdos en un corto espacio de tiempo. Así lo deseo y lo espero», explicó el consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, en la presentación de resultados trimestrales. Santander ha obtenido unos beneficios de 1.840 millones de euros hasta marzo, un 10,8% menos que en el mismo periodo del año anterio.

Precisamente la necesidad de hacer frente a un entorno de bajos tipos de interés, mayores exigencias regulatorias y una digitalización galopante son los tres ejes que han definido la estrategia ideada por el grupo. La clausura de sucursales se realizará según la estrategia de «eliminar duplicidades en términos de eficiencia». Esto es, cerrar las oficinas que se encuentren más próximas geográficamente, y aquellas que ya no sirvan para cubrir las necesidades de los clientes por contar con otros puntos relativamente próximos a sus domicilios.

En concreto, de las 1.150 oficinas que el banco plantea dejar sin operatividad, la mayoría (más de 900) pertenecen a la red comercial 8las sucursales a pie de calle que atienden a todo tipo de clientes). Otras 200 pasarán a ser de agentes (una especie de correspondales financieros autónomos que ofrecen los servicios y productos del Santander) y dos decenas de los cierres corresponderían a las de banca privada (un servicio exclusivo para altos patrimonios).

El banco tiene previsto culminar la reestructuración laboral antes del mes de agosto según indican fuentes sindicales. De esta forma, según anticipó el consejero delegado el pasado día 30 de abril en su comparecencia pública, el acuerdo se alcanzaría «en un corto espacio de tiempo». Una vez firmado el ERE, la intención del banco pasa por ponerlo en marcha después de verano hasta finales de año y solo si fuera necesario prolongar las salidas durante el primer trimestre de 2020.

El ERE del Santander es la última consecuencia de la compra del Popular que realizó en julio de 2017 cuando la entidad estaba a punto de ser liquidada. El año pasado ya ejecutó un plan pactado con los sindicatos que se saldó con 1.100 salidas, un 3% de la plantilla en aquel momento, que alcanzaba los 34.500 empleados. De ese millar de empleados que dejaron de de trabajar en el banco, un 63% correspondieron a las prejubilaciones. En total, 378 personas mayores de 55 años accedieron al sistema habilitado para seguir cotizando hasta el momento de cobrar la prestación pública, y otros 294 mayores de 50 años también se sumaron a esta modalidad. El banco destinó entonces unos 300 millones de euros para completar este proceso.

A finales del año pasado inició la integración tecnológica de las plataformas de Popular en las del Santander. En abril ya se había culminado ese proceso en Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña y Canarias, un 40% del negocio. Está previsto que en julio culmine en el resto de territorios.

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